La Sala Plena del Tribunal de Contrataciones del Estado acuerda que no es posible imponer sanción de inhabilitación definitiva en los casos que se determine responsabilidad administrativa por la comisión de infracciones para las cuales la normativa prevé una sanción de multa.

Así, se establece que en los casos en que se determine responsabilidad del administrado y solo cuando procede la sanción de inhabilitación temporal, corresponde verificar sus antecedentes registrales a efectos de determinar si por acumulación de las sanciones de inhabilitación temporal impuestas de manera previa, le corresponde una sanción de inhabilitación definitiva. Dicha conclusión resulta proporcional y razonable, en la medida que las sanciones de inhabilitación temporal y definitiva son de la misma naturaleza (privación del ejercicio de derechos), lo cual no ocurre con una sanción de multa, que posee naturaleza pecuniaria.

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